Cuatro balazos contra Río de Janeiro

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RÍO DE JANEIRO — El 16 de febrero, el presidente Michel Temer anunció una intervención federal, de carácter militar, en el estado de Río de Janeiro para “mejorar la sensación de seguridad”. Casi un mes después de la llegada de los militares a Río, el 14 de marzo, Marielle Franco, la quinta concejala más votada de la cámara municipal de Río, fue ejecutada con cuatro balazos en la cabeza en el centro de la ciudad mientras viajaba en un coche con chofer, quien también fue asesinado. Un día antes de su muerte, Franco publicó en sus redes sociales: “¿Cuántos más tendrán que morir para que esa guerra se acabe?”.

Marielle Franco era la única concejala negra de Río de Janeiro. Oriunda de Maré, una de las favelas más pobladas y violentas de la ciudad, entró en la política tras perder a una amiga por una bala perdida. En 2014, fue elegida con 46.000 votos y luchaba por gente como ella: mujeres, negros, homosexuales, los más pobres, las víctimas de la violencia. Denunciaba a los paramilitares y a los policías corruptos, pero también ayudaba a familias de policías muertos. Recientemente, había denunciado al 41.º Batallón de Río, en Acari, el escuadrón de policía que más mata.

A los 38 años, Franco era el símbolo de la renovación política que el país —cansado de la corrupción y las oligarquías— tanto pedía. Al asesinarla, los actores intelectuales de su ejecución parecieran haber dicho: tú no eres de aquí.

En la Cámara Municipal de Río, Franco era relatora de la comisión que fiscaliza la intervención militar, a la que ella se oponía por creer que pondría a las comunidades, ya sometidas a las bandas del narcotráfico y a las milicias, en medio de un fuego cruzado que no solucionaría un problema que en realidad es crónico.

Sin plan ni presupuesto, Temer no anunció la intervención para atender una demanda social, sino para ocultar el fracaso de su reforma del sistema de pensiones. El presidente más impopular del mundo quería mejorar su imagen y para eso distrajo la atención de su fracaso como presidente. Cuando Temer dijo que “el crimen organizado casi ha tomado el control de Río de Janeiro”, olvidó decir que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que gobierna el estado de Río desde 2004, es su partido y que sus principales líderes han sido denunciados por el Ministerio Público Federal como una “organización criminal”.

¿Quería Temer hablar de seguridad? Hablemos. El día que Marielle murió, un hombre fue asesinado frente a su hijo de 5 años en la zona norte de Río. En el complejo de favelas del Alemão, un bebé de 2 años con síndrome de Down y dos personas más murieron en medio de un tiroteo. Brasil va hacia el récord mundial en asesinatos: 60.000 cada año. Es, según Amnistía Internacional, el país donde mueren más defensores de los derechos humanos en el continente. Al intentar ocultar un revés, Temer abrió una caja de Pandora que no sabe cómo cerrar.

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El día siguiente del asesinato de Marielle Franco, el 15 de marzo de 2018, se organizó una manifestación en Río de Janeiro.

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Mauro Pimentel/Agence France-Presse — Getty Images

Desde 2008, el gobierno federal (pasando por las gestiones de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) ha usado al ejército para mejorar la seguridad pública. Ninguna de las doce ocasiones en las que fue desplegado tuvo resultados positivos. En los últimos cuatro años, el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão —aliado de Temer—, ha sido el alcalde que menos invirtió en inteligencia policial en el país. Los políticos insisten en llevar al ejército a la calle para hacer creer a la población que se está haciendo algo para detener el crimen.

Las experiencias de militarización en América Latina tampoco han arrojado un saldo positivo. Hace doce años que el expresidente mexicano Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) desplegó a las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en el país. ¿Resultado? Una hemorragia imparable. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejará la presidencia de México en diciembre de este año con un récord anual de asesinatos. En los últimos doce años, alrededor de 234.000 personas han sido asesinadas. Otras 30.000 están desaparecidas.

Un ejemplo que corrobora las preocupaciones de Marielle Franco en Brasil es el caso de Colombia. Entre 1999 y 2013, Estados Unidos aportó 9000 millones de dólares en el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, pero, según la ONU, el país aún es el mayor productor de cocaína del mundo. La militarización que acompañó al Plan Colombia estuvo marcada por el escándalo de los “falsos positivos”: militares colombianos secuestraron y asesinaron a jóvenes de bajos recursos para presentarlos como miembros de las Farc —a los que vestían con los uniformes de la exguerrilla— y cobrar recompensas del gobierno. Esa era la preocupación de Marielle Franco: combatir la criminalización de la pobreza y la violencia del Estado.

De cierta manera su asesinato también es un ejemplo de este cruce siniestro de la política y la seguridad pública. Políticos con aspiraciones presidenciales como el diputado Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas detrás de Lula da Silva, y muchos de los electores que lo apoyan, creen que el problema de la violencia en Brasil es culpa de los defensores de los derechos humanos. No dicen nada sobre la corrupción policial. Un diputado federal que respalda a Bolsonaro y una magistrada divulgaron noticias falsas de que Marielle Franco era financiada por narcotraficantes y asesinada por “los bandidos a que defendía”. Intentan descalificarla para desautorizar su discurso.

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Un grafiti con el rostro de Marielle Franco en la favela de Maré

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Marcelo Sayão/EPA-EFE/REX/Shutterstock

La muerte de Marielle Franco despertó al país de su silencio impotente. Al día siguiente, miles de personas marchamos por Río —por primera vez sin ningún policía militar a la vista— para decirle “No” a la intervención militar. Su nombre recorrió el mundo. El papa Francisco llamó a su madre y Katy Perry la homenajeó en un concierto. Mientras tanto, el gobierno brasileño dijo que su muerte era una razón más para intervenir.

Temer llegó a la presidencia sin respaldo popular, pero eso no le ha importado. Desde la dictadura militar, su grupo político ha apoyado a todos los gobiernos, sin importar la ideología del partido en el poder. La elección de Marielle Franco era la prueba de que ya no queremos que la vieja oligarquía nos represente. La terrible ironía es que, como en la dictadura, mataron a alguien que, por oponerse a ellos, representaba la esperanza de cambio.

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